PUEBLA.-Octubre 7 del 2026.-(Juanita Ramírez de Armas).-El Museo Internacional del Barroco volvió al centro de la discusión sobre las finanzas públicas de Puebla. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, cuestionó durante la décima edición de Derecho de Réplica cómo una obra con un costo de construcción de mil 737.2 millones de pesos pudo terminar comprometiendo pagos por alrededor de 14 mil 153 millones de pesos.
La cifra, expuso, es consecuencia del esquema de Asociación Público-Privada firmado el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se establecieron obligaciones financieras de largo plazo para el estado.
El funcionario puso especial énfasis en el pago anual que representaba el museo. En 2024, explicó, rondaba los 464 millones de pesos, mientras que el compromiso se extendía hasta 2039.
La pregunta planteada por el Gobierno estatal es directa: ¿cómo una obra de menos de 2 mil millones de pesos terminó asociada a obligaciones superiores a los 14 mil millones?
El proyecto fue impulsado durante la administración de Rafael Moreno Valle con la expectativa de convertir al museo en un referente internacional del arte barroco y generar una importante actividad económica alrededor del recinto.
Se proyectaba alcanzar 400 mil visitantes al año, además de beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios turísticos.
Sin embargo, de acuerdo con García Parra, el museo alcanzó como máximo poco más de 200 mil visitantes y posteriormente registró una afluencia menor.
Ante este escenario, la administración de Alejandro Armenta decidió terminar anticipadamente el contrato.
El procedimiento inició en mayo de 2025 y, según lo informado por el coordinador de Gabinete, concluyó con la entrega de las instalaciones en julio. El proceso incluyó la resolución del 30 de mayo, un acuerdo de transacción firmado el 23 de junio, la entrega del inmueble el 1 de julio y el certificado de entrega y finiquito del 11 de agosto.
El Gobierno estatal reportó un pago de 2 mil millones de pesos para concluir el esquema y sostiene que esta decisión permitirá evitar compromisos financieros que habrían alcanzado varios años más.
Para la actual administración, el caso representa un ejemplo de los efectos que pueden tener los contratos de largo plazo sobre las finanzas públicas y la capacidad de decisión de gobiernos posteriores.
García Parra adelantó que este análisis continuará con otros contratos considerados relevantes para las finanzas estatales. Entre ellos están la plataforma de San José Chiapa, el Centro Integral de Servicios, la concesión del agua, las carreteras concesionadas y el sistema RUTA.
El objetivo, sostuvo, será explicar bajo qué condiciones fueron contratados, cuánto se ha pagado, cuánto falta por pagar y cuáles son las obligaciones que siguen vigentes.
El reto para el Gobierno estatal será que estos señalamientos se acompañen de los contratos y documentos correspondientes, de manera que la ciudadanía pueda conocer con precisión cómo se estructuraron los compromisos y qué administraciones participaron en cada decisión.
El caso del Barroco abre así una discusión que va más allá de un museo: la de cuánto terminan costando al erario las obras públicas cuando se combinan con contratos de largo plazo.
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