PUEBLA.-Noviembre 12 del 2026.-(Juanita Ramírez de Armas).-Ante las denuncias de amenazas e intimidación presuntamente relacionadas con internos de un penal poblano, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que su administración analiza el traslado de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, medida que podría realizarse durante los próximos días.
El titular del Ejecutivo estatal reconoció que existen señalamientos contra determinados internos, por lo que las autoridades penitenciarias revisan su posible reubicación como parte de las acciones para atender la situación.
Aunque evitó establecer una fecha definitiva, indicó que los movimientos podrían efectuarse en el transcurso de esta semana o en los días siguientes, dependiendo de las determinaciones de las instancias responsables.
En otro tema relacionado con el conflicto penitenciario, el mandatario fue cuestionado sobre las exigencias de destitución del director y subdirector del centro de reclusión, además de las acusaciones dirigidas contra un juez.
Al respecto, sostuvo que el gobierno estatal no puede proceder contra funcionarios únicamente por señalamientos públicos, ya que cualquier decisión debe estar respaldada por investigaciones que permitan determinar posibles responsabilidades.
Armenta Mier explicó que se mantiene atento al desarrollo de una mesa de trabajo en la que se revisan las inconformidades y aseguró que las autoridades están abiertas a recibir denuncias sobre posibles irregularidades.
“Cualquier queja, cualquier señalamiento lo analizamos, lo investigamos”, manifestó al insistir en que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.
El gobernador también hizo referencia a la importancia de garantizar los derechos laborales de los servidores públicos, por lo que cualquier eventual separación del cargo tendría que realizarse conforme a las disposiciones legales aplicables.
La controversia ocurre después de las manifestaciones relacionadas con el penal, en las que se han planteado demandas sobre la actuación de funcionarios penitenciarios. Sobre estas movilizaciones, el mandatario había mencionado previamente que presuntamente algunas personas recibieron pagos para participar.
Pese a estos antecedentes, Armenta Mier afirmó que su gobierno dará seguimiento a las inconformidades y que las investigaciones permitirán establecer si existen elementos para aplicar medidas contra algún funcionario.
Mientras tanto, las autoridades estatales mantienen bajo análisis el traslado de los internos señalados, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente el número de personas que serían reubicadas o los centros penitenciarios que las recibirían.
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