PUEBLA.-Septiembre 30 del 2026.-(Juanita Ramírez de Armas).-El Gobierno de Puebla mantiene coordinación con Oaxaca y otras entidades vecinas para intercambiar información sobre la incidencia delictiva en la región, particularmente ante los indicios detectados sobre la posible infiltración de un grupo criminal en estructuras del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que una de las primeras acciones de la estrategia estatal de seguridad fue establecer convenios de coordinación y colaboración con los estados colindantes.
Señaló que esta coordinación incluye a Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, además de otras entidades, con el objetivo de compartir información y fortalecer las acciones contra grupos delictivos.
En el caso de Acatlán de Osorio, García Parra confirmó que el Gobierno de Puebla ya contaba con indicios de que un grupo delictivo estaba avanzando en el municipio y buscaba apropiarse de estructuras del Ayuntamiento.
“Nosotros teníamos indicios de que un grupo delictivo estaba avanzando en el municipio de Acatlán y que se estaba apropiando de estructuras del Ayuntamiento”, afirmó.
Explicó que esta información dio paso a investigaciones y procedimientos que derivaron en la disolución del Ayuntamiento por parte del Congreso estatal y la conformación de un Concejo Municipal.
El caso cobró relevancia después de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señalara a la exalcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Jara afirmó que la entonces edil habría permitido actos de asalto y extorsión contra transportistas y comerciantes en la carretera 190, en el tramo Acatlán-Huajuapan.
Ante estos señalamientos, García Parra indicó que las investigaciones en Puebla permanecen abiertas y alcanzan a los servidores públicos y representantes que estuvieron relacionados con la administración municipal.
El funcionario destacó que las mesas de inteligencia, en las que participan autoridades estatales y fuerzas federales como Sedena, Marina y Guardia Nacional, permiten analizar la información disponible y dar seguimiento a los avances de las investigaciones.
Por ello, evitó anticipar responsabilidades y señaló que serán las autoridades competentes las que determinen las conclusiones correspondientes conforme avancen las indagatorias.
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