CIUDAD DE MÉXICO.— Septiembre 15 del 2026.-(El Universal=.-A un año de la reforma al Poder Judicial, las redes de trabajadores y personas juzgadoras que encabezaron las protestas de 2024 se han transformado y fragmentado, pero mantienen su oposición a los cambios constitucionales desde otros espacios.
Así lo señalaron Emilia Molina, magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y Juana Fuentes, jueza federal y expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados (Jufed), quienes fueron figuras visibles de las movilizaciones.
Ambas participaron en el documental “Cuando perdimos el juicio: crónica de la Reforma Judicial en México”, que reconstruye el proceso de aprobación e implementación de la reforma mediante testimonios de protagonistas y especialistas.
La producción reúne las voces de la ministra presidenta en retiro Norma Piña, el ministro en retiro Javier Laynez, académicos, activistas, periodistas y Margaret Saterwaite, relatora especial de la ONU sobre independencia judicial.
El documental fue realizado por la Fundación Kon-rad Adenauer México, Juicio Justo, el Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y Réplica Films, y se estrenó ayer lunes.
La producción recapitula la discusión legislativa, la conformación de la mayoría necesaria para aprobar la reforma, los acercamientos de activistas con organismos internacionales y las consecuencias que los cambios han tenido para el Poder Judicial.
Antecedentes
Emilia Molina recordó que la movilización no comenzó entre jueces y magistrados, sino entre los trabajadores judiciales, quienes decidieron suspender actividades y bloquear el acceso a las instalaciones. Posteriormente, las asociaciones de juzgadores se sumaron y coordinaron acciones nacionales e internacionales.
La magistrada sostuvo que las protestas no buscaban únicamente conservar empleos o cargos, sino defender la República y la democracia. Sin embargo, la implementación de la reforma debilitó la organización, pues algunos participantes abandonaron el Poder Judicial y otros se registraron como candidatos.
Juana Fuentes afirmó que las organizaciones no desaparecieron y continúan alzando la voz de una manera distinta. Entre ellas mencionó al colectivo 32 Circuitos, integrado por trabajadores judiciales de diversas entidades del país.
Ambas juzgadoras aseguraron que asumieron exposición pública para advertir que las consecuencias de la reforma no se limitarían a la pérdida de empleos, sino que afectarían el derecho de la ciudadanía a contar con jueces independientes que protegieran sus garantías.
Emilia Molina afirmó que su participación respondió a su vocación de ejercer como juzgadora independiente e institucional. Añadió que el proceso obligó a quienes integraban el Poder Judicial a confrontar sus convicciones y decidir hasta dónde estaban dispuestos a defenderlas. La magistrada reconoció como único avance que la reforma abrió el debate público sobre el sistema de justicia, pero consideró que provocó retrocesos en la independencia judicial y en los contrapesos.
Piden no normalizar
Juana Fuentes llamó a la sociedad a no normalizar estos efectos y aseguró que todavía existen juzgadores independientes.
Las entrevistadas advirtieron que la elección judicial ha propiciado la aparición de “jueces miedosos” ante las presiones políticas y económicas, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial podría utilizarse contra quienes no se alineen con el oficialismo.
Aseguraron que continuarán su lucha desde otras trincheras y llamaron a reconstruir la democracia, la República y el Estado de derecho.
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