30 de septiembre de 2025
La historia de Bernarda Emilia Vera Muñoz, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), parecía sellada en la memoria de Chile: una mujer detenida en los primeros meses de la dictadura de Augusto Pinochet, incluida entre las víctimas de ejecución política, cuyo paradero nunca fue esclarecido. Sin embargo, más de medio siglo después, una investigación periodística ha revelado un giro inesperado: Bernarda Vera estaría viva y residiendo en Argentina.
El caso conmociona por lo que representa. Durante décadas, fue considerado un emblema de la represión ejercida contra la disidencia política. Según los registros oficiales, Vera fue detenida el 22 de octubre de 1973 en Santiago, apenas seis semanas después del golpe militar. Su nombre apareció en 1975 en la lista de la Operación Colombo, una operación de propaganda diseñada por la dictadura para encubrir la desaparición de 119 militantes del MIR, presentándolos como muertos en enfrentamientos en el extranjero.
La inclusión de su caso en el Informe Rettig, en 1991, consolidó la versión de que Vera había sido ejecutada por agentes del Estado. Su nombre pasó a formar parte de memoriales, placas y actos de conmemoración a las víctimas del régimen, mientras sus familiares seguían exigiendo justicia y verdad.
Investigación periodística descubre su paradero
Todo comenzó a resquebrajarse con la investigación del periodista Francisco Marín, quien, mientras reconstruía la historia de otro militante del MIR, halló pistas que lo llevaron hasta Argentina. La hipótesis cobró fuerza con un reportaje de Chilevisión, que confirmó la presencia de una mujer con identidad coincidente en Mar del Plata. Uno de sus hijos, Maximiliano, reconoció públicamente que se trata de su madre: Bernarda Vera está viva.
El hallazgo ha generado un verdadero terremoto entre los organismos de derechos humanos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que durante años la consideró una víctima de ejecución política, expresó su sorpresa y llamó a revisar los procesos de identificación y verificación de casos ocurridos durante la dictadura. Desde Londres 38, espacio de memorias, se exigió celeridad judicial para esclarecer los hechos y evitar confusiones que puedan debilitar la lucha por la verdad.
Desde el gobierno, las reacciones fueron cautelosas. Autoridades destacaron que el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado para rastrear archivos y cruzar datos sobre más de mil desaparecidos aún no esclarecidos, ha abierto camino a hallazgos inéditos. No obstante, insistieron en que se trata de un caso excepcional, y que la política de memoria no puede ponerse en entredicho por una situación puntual.
Repercusiones políticas y sociales
En el plano político, las reacciones fueron inmediatas y dispares. Desde sectores de oposición se solicitó a la Contraloría investigar si la condición de “ejecutada política” derivó en beneficios estatales indebidos para su familia, como pensiones o reparaciones. Desde la izquierda se respondió con firmeza: recordaron que el foco debe seguir puesto en la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, y en la responsabilidad del Estado de garantizar memoria y reparación.
Pero más allá del debate político, el hallazgo abre interrogantes cruciales. ¿Cómo se produjo la confusión que la inscribió como muerta en los registros oficiales? ¿Se trató de una operación deliberada de los aparatos represivos para encubrir su huida, o fue una falla en la verificación de testimonios recopilados durante la transición democrática?
También surgen preguntas en torno a la propia Bernarda Vera. ¿Por qué nunca se comunicó con su familia en Chile? ¿Qué motivaciones personales, políticas o de seguridad la llevaron a guardar silencio durante más de 50 años? ¿Rehízo su vida bajo una identidad nueva o formó parte de una red de exilio? Su testimonio, de confirmarse, será clave para reconstruir los hechos.
Un caso sin precedentes en Chile
Para las familias de detenidos desaparecidos, la noticia provoca sentimientos encontrados. Por un lado, es alentador que una persona dada por muerta haya sobrevivido. Por otro, reabre heridas profundas en cientos de hogares que aún no tienen respuesta sobre el destino de sus seres queridos, y expone la fragilidad de los mecanismos que pretendieron sistematizar el horror de la represión.
Nunca antes se había documentado en Chile un caso como este: que una persona oficialmente reconocida como ejecutada política reaparezca con vida, cinco décadas después. El impacto va más allá del caso individual: obliga a revisar los límites del conocimiento que se tiene sobre la dictadura, y la manera en que se ha construido —y reconstruido— la memoria histórica.
Hoy, el nombre de Bernarda Vera encarna tanto la esperanza de que aún pueden encontrarse respuestas, como la incómoda certeza de que la verdad en Chile sigue siendo, en muchos casos, una historia inconclusa.
El caso con todos los detalles
El caso de Bernarda Vera ha provocado repercusiones directas en Chile y Argentina. Según el registro oficial del Informe Rettig (1991), en Chile se reconocen 3,065 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 1,092 corresponden a detenidos desaparecidos. El Plan Nacional de Búsqueda, lanzado en 2023 por el gobierno chileno, tiene como meta establecer el destino de esas más de mil personas aún sin localizar, a través de la digitalización de archivos militares, policiales y judiciales.
En cuanto a beneficios estatales, la Ley 19.123 de 1992 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que otorgó pensiones de gracia y acceso a becas de estudio y salud a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. De confirmarse que Bernarda Vera no murió bajo custodia estatal, se abriría un precedente legal para revisar los beneficios recibidos por su familia en los últimos 30 años, situación que ya es observada por la Contraloría General de la República.
El caso también reaviva la polémica sobre la Operación Colombo, considerada una de las operaciones de propaganda más relevantes de la dictadura. En 1975, medios chilenos reprodujeron supuestas listas extranjeras donde aparecían 119 militantes del MIR muertos en enfrentamientos fuera de Chile. Años después se probó que muchos de esos nombres correspondían a personas detenidas en Chile y que en realidad estaban desaparecidas. El nombre de Vera se incorporó en ese listado, lo que hasta ahora había sido aceptado como prueba de su ejecución.
Cabe destacar que en Argentina residen cerca de 500 exiliados chilenos reconocidos oficialmente por el ACNUR en la década de 1970, aunque se estima que la cifra real fue varias veces mayor. De confirmarse que Vera rehízo su vida en Mar del Plata, se sumaría a ese contingente, pero con la singularidad de haber sido considerada desaparecida por medio siglo.
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