08 de septiembre de 2025
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de forma provisional este lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus redadas itinerantes contra la inmigración ilegal en el sur de California, operaciones muy criticadas por la oposición demócrata y organizaciones de derechos humanos.
Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía migratoria (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas con base únicamente en una serie de cuatro factores.
Estos factores eran: su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de autos, campo agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.
La intensificación de las redadas en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos ha generado polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump.
«La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (…) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos», reaccionó el gobernador demócrata, Gavin Newsom.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión como un «ataque» contra las libertades civiles.
«El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, ha socavado los derechos de millones de personas», comentó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) adelantó que continuará la batalla legal para intentar «detener las redadas inconstitucionales».
Discrepancias
Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a las personas de arrestos, registros o cateos arbitrarios al exigir como mínimo «una sospecha razonable».
Pero seis jueces de la Corte Suprema levantaron este lunes la suspensión, contra el criterio de los tres magistrados progresistas, hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que la propia Corte intervenga.
El máximo tribunal no ofreció los fundamentos de su decisión, pero el juez conservador Brett Kavanaugh agregó una opinión en la que destacó que «la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles», con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en 10% de la población.
La jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Corte Suprema, expresó su desacuerdo:
«No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios».
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La inmigración, incluso la indocumentada, aporta mano de obra esencial al sector agrícola estadunidense: 42% de los trabajadores agrícolas carece de autorización para laborar en el país, según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022.
El gobierno de Trump alega por su parte que el costo para las finanzas públicas y el impacto en la seguridad nacional de los migrantes irregulares es demasiado elevado.
Operativo en Chicago
La política contra la inmigración ilegal es uno de los ejes del segundo mandato de Trump, quien la vincula estrechamente con la lucha contra el crimen.
ICE anunció este lunes una operación en Illinois.
Chicago registró 573 asesinatos en 2024. Desde hace trece años es la ciudad con más homicidios en cifras absolutas en Estados Unidos, aunque la tasa por cada 100,000 habitantes no es la más alta del país.
«Este operativo estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador demócrata Jay B. Pritzker y su política de santuario los protegerían», indicó un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Trump también amenaza a Chicago y otras ciudades con enviar a la Guardia Nacional para controlar el crimen, como ya hizo en Los Ángeles o Washington, una posibilidad que irrita a Pritzker.
«Vamos a limpiar nuestras ciudades (…) para que no maten a cinco personas cada fin de semana. Eso no es guerra. Es sentido común», respondió Trump a una periodista en la Casa Blanca.
Las redadas que ICE realiza en espacios como paradas de autobuses, lavaderos o ferreterías han sido calificadas por diversas organizaciones de derechos civiles como prácticas de perfilamiento racial o racial profiling, lo cual podría ser incompatible con la Cuarta Enmienda si no existen indicios individuales razonables.
La Corte Suprema, al levantar la suspensión, no se pronunció directamente sobre este punto, lo que ha provocado preocupación entre sectores que consideran que se abre la puerta a detenciones arbitrarias basadas en apariencia o idioma.
Respecto al impacto económico de los inmigrantes indocumentados, distintos estudios, como el del Congressional Budget Office y el Institute on Taxation and Economic Policy, indican que este grupo contribuye significativamente a la economía a través de impuestos estatales y locales —unos 11 mil 700 millones de dólares anuales según ITEP—, y cubren sectores donde hay escasez de mano de obra, particularmente en la agricultura, construcción y servicios.
En relación con Chicago, si bien la ciudad ha registrado altos niveles de homicidios, las tasas de criminalidad en general han disminuido desde 2021. Según datos del Chicago Police Department, en 2024 se reportaron 573 homicidios, una baja respecto a los 770 registrados en 2020, aunque sigue siendo una de las cifras absolutas más altas en EE.UU. No obstante, ciudades como St. Louis o Baltimore han superado consistentemente a Chicago en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que sugiere que el problema de violencia en Chicago no es necesariamente el más grave proporcionalmente.
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