10 noviembre 2026.- (EXONLINE) El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, por investigaciones relacionadas con la presencia de agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara.
Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre, el funcionario reconoció que existen mandamientos judiciales contra el exservidor público, aunque evitó revelar los delitos que sustentan la orden federal.
Sé que las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona”, afirmó García Harfuch.
El secretario agregó: “Preferiría que fuera la fiscalía la que informara, pero sé que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión en su contra”.
En el ámbito estatal, la orden de aprehensión fue librada el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026.
Las acusaciones contra Guillermo Arturo Zuany Portillo incluyen presunto ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
El procedimiento también involucra al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, señalado por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Sin embargo, a finales de octubre se confirmó que Zuany Portillo promovió un amparo indirecto, cuya suspensión impide por ahora ejecutar la orden de aprehensión estatal en los términos establecidos por la resolución judicial.
Las indagatorias están relacionadas con un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde agentes estatales y militares desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
Al concluir el despliegue, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería. Cuatro personas murieron, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La presencia de personal de inteligencia estadounidense en territorio mexicano generó cuestionamientos sobre las condiciones legales de su participación y las posibles responsabilidades de funcionarios estatales.
En mayo pasado, Omar García Harfuch señaló que las investigaciones relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en el operativo no estaban dirigidas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
El funcionario explicó entonces que el objetivo de las indagatorias era esclarecer bajo qué condiciones legales participaron los agentes extranjeros en las actividades realizadas en territorio mexicano.
La investigación se concentró en determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y establecer si existieron irregularidades en la coordinación y actuación de los agentes estadounidenses.
La controversia también puso bajo revisión el papel que habrían desempeñado funcionarios estatales como enlaces con los integrantes de la CIA.
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