08 de mayo de 2026
El gobierno venezolano reconoció finalmente, en mayo de 2026, la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, detenido en enero de 2025 y fallecido en julio de ese mismo año bajo custodia estatal. El comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario señala como causa de muerte una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, ocurrida el 27 de julio de 2025, y asegura que el detenido no suministró datos filiatorios ni recibió visitas de familiares, razón por la cual fue enterrado el 30 de julio.
La explicación oficial fue desmentida por la familia del detenido. Su madre, Carmen Navas, de más de 80 años, recorrió durante más de un año cárceles, fiscalías, tribunales y la Defensoría del Pueblo en busca de información sobre su hijo.
En cada instancia recibió silencio como respuesta. Incluso en el Rodeo I, donde Quero estuvo recluido, se le negó su presencia. Hasta la semana pasada, la madre seguía mostrando una foto de su hijo con la palabra “desaparecido”, convencida de que estaba vivo y retenido en algún centro penitenciario.
Indignación y exigencias de justicia
La revelación tardía desató una ola de indignación entre políticos, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El Foro Penal, a través de su director Alfredo Romero, calificó el caso como un ejemplo de desaparición forzada, señalando que el Estado negó sistemáticamente la detención y vulneró el derecho a la defensa.
Un insulto a la madre que llevaba más de un año buscando a su hijo, un caso que es responsabilidad del Estado definitivamente”, declaró Romero.
La denuncia se suma a años de reclamos sobre desapariciones forzadas en Venezuela, donde familiares de detenidos políticos aseguran que las autoridades niegan información sobre paraderos y condiciones de reclusión, generando un patrón de ocultamiento que viola estándares internacionales de derechos humanos.
El nuevo Fiscal General, en funciones desde hace un mes, ordenó la exhumación del cadáver de Quero Navas junto a un equipo de forenses, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades. Paralelamente, la recién nombrada Defensora del Pueblo exigió reformas profundas en el sistema de justicia para erradicar los abusos y la impunidad que han caracterizado la gestión penitenciaria en el país.
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