PUEBLA.-Enero 27 del 2026.-(Juanita Ramírez de Armas).- El Congreso del Estado de Puebla someterá a un proceso amplio de revisión y diálogo la iniciativa que busca imponer sanciones a quienes simulen una desaparición o denuncien de manera falsa la privación de una persona, informó el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO).
En conferencia de prensa, el legislador explicó que la propuesta, presentada por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, no avanzará de forma inmediata, ya que antes deberá ser revisada a fondo y contrastada con la opinión de distintos sectores sociales, académicos y ciudadanos.
Gaspar Ramírez señaló que ya tuvo un primer acercamiento con la legisladora promotora de la iniciativa y que sostendría una nueva reunión para analizar con mayor detalle su contenido y alcance.
Aclaró que, por el momento, no existe un calendario definido para la instalación de mesas de trabajo o foros de discusión. “Todavía no hay fechas establecidas. Si se considera viable, deberá pasar por un proceso de consulta, consenso y validación con la sociedad y los distintos sectores”, puntualizó.
El presidente de la JUGOCOPO subrayó que la actual legislatura mantiene una visión de cercanía con la ciudadanía y prioriza la escucha activa como base del trabajo parlamentario, por lo que cualquier reforma de este tipo debe analizarse con responsabilidad y sensibilidad social.
La iniciativa de Salvatori Bojalil plantea modificar el Código Penal del Estado con el objetivo de sancionar las denuncias falsas de desaparición, las cuales —según ha señalado la diputada— generan alarma pública, movilizan de manera innecesaria a cuerpos de seguridad, implican gastos extraordinarios y desvían recursos que podrían destinarse a la atención de casos reales.
Finalmente, Pavel Gaspar Ramírez reiteró que el Congreso del Estado evaluará todas las posibilidades: desde abrir mesas de diálogo abiertas hasta determinar, tras el análisis correspondiente, si la propuesta continúa o no su curso legislativo, como parte de un ejercicio democrático y deliberativo.
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